Una bomba periodística sacude al sistema judicial peruano. Según reveló Expreso, Jaime Villanueva, exasesor de la Fiscalía de la Nación, ha declarado ante una comisión especial del Congreso cómo Gustavo Gorriti habría chantajeado a autoridades judiciales para proteger a sus socios corruptos: los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.
Villanueva, interrogado por los parlamentarios, desnudó la estructura de poder y manipulación que se esconde detrás del supuesto periodismo independiente. Su testimonio no solo desenmascara a Gorriti, sino que evidencia cómo se usó el aparato judicial como arma política para perseguir a adversarios ideológicos, fabricar acusaciones y blindar a los suyos.
¿Cómo lo hizo y lo hace?
Usando la figura legal para crear falsos “colaboradores eficaces” y falsos “testigos protegidos”, que sirven como escudo para acusaciones anónimas, sin pruebas ni rostro. En manos de la mafia caviar, se han convertido en un sistema de castigo sin juicio justo.
La pregunta es: si ante la Comisión Especial del Congreso, se cuenta con una declaración pública que señala a Gorriti como corrupto, ¿por qué no se han tomado medidas en su contra, como siempre lo han hecho?
Políticos y empresarios han sido investigados y enjuiciados. Han pasados meses en prisión preventiva y muchos sentenciados a largas condenas de prisión.
¿Dónde quedó el principio de que la justicia es igual para todos? ¿Dónde está la indignación? ¿Dónde está el fiscal ad hoc para investigar a este personaje que ha operado por años desde las sombras?
Villanueva ha mostrado lo que todos sabemos: que Gustavo Gorriti no es un periodista, es un Oenegero mafioso, que maneja a su ONG, el IDL, con fines perversos. Es un operador político sin escrúpulos que opera desde el centro de la mafia caviar.
El Perú merece saber la verdad y que esta vez sí haya justicia. Porque si no se limpia la Fiscalía desde adentro, todo seguirá siendo una farsa.