En el Perú, la política tiene sus propias familias mafiosas. Clanes que operan como si el Estado fuera su negocio familiar. Y entre ellos, hay uno que destaca: los Vizcarra, la verdadera “Cosa Nostra” del sur.
El “Lagarto” Martín Vizcarra, expresidente inhabilitado tres veces por corrupción, intentó volver al poder por la puerta trasera, escondido detrás de la plancha presidencial de Perú Primero, pero la ONPE lo dejó fuera de carrera. Aun así, su hermano Mario Vizcarra tomó la posta, con un discurso igual al del “Lagarto”: “mantener vivo el proyecto”. Pero todos sabemos que ese proyecto es mantener viva la red de poder, dinero y favores que los Vizcarra construyeron a costa del Perú.
Como toda mafia bien organizada, este clan reparte roles.
El “Lagarto”, capo mayor, enfrenta denuncias por organización criminal y colusión agravada, acusado de dirigir una red de sobornos en Provías Descentralizado, donde se cobraba hasta un 3,5 % del valor de las obras para adjudicarlas a constructoras amigas. El dinero, según testigos y exfuncionarios, habría llegado hasta Palacio de Gobierno, escondido en cajones y tubos de planos.
Además, el fiscal de la Nación Tomás Gálvez ya presentó una denuncia constitucional, y todo apunta a que Martín Vizcarra podría ser sentenciado hasta a 15 años de prisión por el caso Lomas de Ilo.
Mientras tanto, Mario Vizcarra no se queda atrás. Él también está bajo investigación por colusión agravada y peculado doloso, junto a su hermano César Vizcarra, por contratos ilícitos con la Municipalidad de Ilabaya, en Tacna.
Ambos habrían participado en una red de corrupción vinculada a la empresa C&M Vizcarra S.A.C., responsable de adjudicaciones irregulares para defensas ribereñas en los ríos Ilabaya y Locumba, en 2018.
Así, las autoridades sostienen que los tres hermanos conformarían una organización criminal “Los Saqueadores de Ilabaya”, acusada de cobros por servicios inexistentes que superan los cinco millones de soles, y no olvidemos que el Lagarto mayor es responsable de más de 200 mil peruanos por el COVID.
Esto es igual a las viejas mafias italianas. El poder se hereda, la lealtad se compra y el silencio se paga con favores públicos. Un clan político con tentáculos en la justicia, las municipalidades y los ministerios. Una familia que aprendió a moverse entre la impunidad y la victimización, amparada por la mafia caviar que aún controla parte del aparato judicial y mediático.
El Perú no necesita otra familia mafiosa disfrazada de partido político. Necesita romper el círculo vicioso del poder heredado, del apellido que se convierte en marca electoral, del político que roba con sonrisa de mártir.
Porque votar por Mario Vizcarra es votar por el regreso del capo de la mafia, por la continuidad de “la familia de Lagartos”. Y este país no puede seguir siendo el negocio personal de los mismos corruptos de siempre.