El Perú escuchó hoy una sentencia efectiva y de ejecución inmediata para el “Lagarto” Vizcarra. Fue condenado a 14 años de prisión por recibir sobornos cuando era gobernador de Moquegua. La jueza Fernanda Ayasta lo dijo claro: Vizcarra sí pidió el 2% del monto del proyecto Lomas de Ilo a favor de Obrainsa, y sí cobró también por el Hospital de Moquegua, monto equivalente a S/ 80.9 millones.
Así, la justicia confirmó lo que durante años todos sospecharon. El corrupto expresidente, también culpable de cientos de miles de muertes durante la pandemia del COVID, terminó desenmascarado como el responsable de haber negociado coimas en obras públicas mientras hablaba de transparencia frente a cámaras.
Su supuesta lucha contra la corrupción se derrumbó en un instante, y hoy nuevamente, se le ordena regresar al Penal Barbadillo, el mismo lugar donde ya estuvo recluido antes. Nada de persecución, nada de conspiraciones, solo hechos probados.
Sin embargo, mientras el país procesa esta noticia, aparece Mario Vizcarra, su hermano, convirtiendo la condena en un acto de campaña. Frente al Poder Judicial se presentó como el “reemplazo”, asegurando que tomará el lugar del “Lagarto” en las elecciones del 2026. Lejos de reconocer la gravedad del caso, insistió en que todo se debe a un supuesto pacto mafioso. Una estrategia ya conocida de la mafia caviar, de victimizarse, atacar a la justicia y convertir una sentencia por cohecho en combustible político.
Lo preocupante es que este guion no es nuevo. Cada vez que un político es atrapado, aparece un familiar o aliado para mantener viva la maquinaria electoral. Y ahora son los Vizcarra quienes pretenden vender la idea de continuidad, como si el Perú estuviera obligado a aceptar otra candidatura marcada por la corrupción.
La verdad es que un Vizcarra es igual de dañino que el otro, porque ambos parten de la misma premisa. Que pueden seguir aprovechándose del Estado incluso cuando las pruebas los hunden. Si uno se enriqueció con coimas, el otro aparece para proteger el legado y buscar el mismo poder que su hermano perdió por sus delitos.
El Perú no puede permitir que la historia se repita. Después de haber sido engañados por un expresidente que prometió “luchar contra los corruptos” mientras cobraba debajo de la mesa, sería una contradicción volver a abrirle la puerta a otro miembro del mismo clan. Un candidato que defiende a un corrupto condenado no está preparado para gobernar; está preparado para robar.
Este es el tipo de política que debemos dejar atrás. El país necesita gente nueva, sin mochilas judiciales, sin familias enteras viviendo de la política, sin prontuarios disfrazados de discursos populistas. El caso Vizcarra debe ser un recordatorio de que el cambio de ciclo político es una urgencia nacional. Y ese cambio empieza por cerrarle el paso a los mismos corruptos de siempre.