Una operación minera formal no puede parar. ¿Por qué? Bueno, pedir que una mina formal cierre “por seguridad” suena lógico, pero es un error.
Las zonas legales están en una ubicación geográfica precisa y separadas de las ilegales. La policía puede actuar sin necesidad de detener toda la operación. Detener una mina formal es abrirle la puerta a los ilegales.
Una mina no es un interruptor que se apaga. Si se paran los sistemas de ventilación, bombeo o electricidad, la mina se inunda o colapsa.
Los pernos, mallas y concreto que sostienen los túneles se deterioran con el tiempo. Si no se mantiene, se pierde todo el trabajo hecho.
Incluso las presas de relaves pueden reventar si no hay monitoreo constante. El daño sería ambiental, estructural y millonario.
Miles de trabajadores quedarían sin pago.
Solo en La Libertad, hay más de 21 mil trabajadores formales y varios miles más de mineros artesanales que no tendrán cómo alimentar a sus familias.
Una mina activa requiere cocineros, transportistas, personal médico y técnico. Si se para, toda esa gente se queda sin sueldo.
La cadena de pagos se rompe y las comunidades pierden ingresos vitales. Incluso en huelgas, los sindicatos permiten mantener operaciones mínimas para no destruir la mina.
Cerrar una mina formal es un regalo para los ilegales.
Ellos abandonan los socavones cuando quieren y regresan igual de fácil. Si la empresa formal se retira, los ilegales toman el control.
Ya pasó durante la pandemia. Solo el mantenimiento evitó que las mafias se apoderen de todo.
La minería formal no es el problema, es parte de la solución y pararla sería un disparo en el pie, pero cerrar la actividad minera artesanal eso sería criminal.